El Gobierno ha ampliado los plazos y el umbral de potencia en el nuevo decreto de centros de datos para facilitar su tramitación. Sin embargo, la versión revisada que acaba de remitir al Consejo de Estado mantiene unas exigencias de suministro renovable únicas en Europa.

Esta decisión trasciende la política energética, ya que condiciona directamente la capacidad de España para captar la ola de inversión impulsada por la inteligencia artificial.

La dimensión de la inversión en centros de datos explica la preocupación. SpainDC estima que el sector podría movilizar 66.900 millones de € hasta 2030. Atraer ese capital exige una rentabilidad predecible.

Este requisito choca con la principal imposición del decreto: cubrir el 80 % del consumo mediante energía verde con correlación horaria y adicionalidad. El texto vincula el cumplimiento de estas condiciones a la obtención de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica.

El impacto de la regulación en la rentabilidad

Un reciente informe de la consultora EY confirma que la normativa española es más restrictiva que la de los países competidores. Estas condiciones disparan los costes operativos y el gasto de capital de los promotores. En lugar de firmar contratos de suministro estandarizados, las empresas se ven obligadas a financiar nueva generación y sistemas de almacenamiento específicos para acatar la norma.

Los fondos de inversión penalizan el riesgo regulatorio, un extremo sobre el que también alertan las instituciones del Estado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia advierte de que exigir estas obligaciones a un único gran consumidor distorsiona los precios. El regulador ve ineficiente forzar la construcción de más parques en un mercado que ya registra excedentes de generación, y recomienda orientar los incentivos hacia el almacenamiento con baterías.

La infraestructura eléctrica frente a los plazos de inversión

A la incertidumbre normativa se suma el principal cuello de botella operativo: las infraestructuras de transporte. El capital internacional exige garantías de conexión. La densidad de potencia que requiere la computación avanzada obliga a expandir rápidamente la red. Si el entramado físico no llega a tiempo o la regulación encarece el suministro, los plazos de retorno se dilatan y los desarrollos pierden su viabilidad.

El riesgo de desvío de la inversión a países vecinos

España cuenta con abundante energía renovable para liderar el sector digital en Europa. El capital, sin embargo, opera a escala global y busca mercados que contengan los costes operativos. El país tiene una oportunidad extraordinaria de inversión ligada a la IA y a la infraestructura digital, pero necesita un marco regulatorio competitivo y una expansión de las redes eléctricas que permita materializarla. Si el coste de operar aquí impide recuperar la inversión, los nuevos proyectos pueden buscar otro destino europeo.